Lima, 21/01/2013 (CNR) — A fin de iniciar el año escolar 2013 en condiciones adecuadas, el Jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Daniel Sánchez, recomendó a todas las Direcciones Regionales de Educación (DRE), así como a sus respectivas Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel) cumplir con la obligación de contratar a docentes bilingües que garanticen una enseñanza intercultural de calidad a todos los estudiantes.

En ese sentido, solicitó a las DRE y a las UGEL identificar las plazas destinadas a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), así como cumplir rigurosamente con la Directiva de Contratación Docente 2013; en particular con la directriz que establece como requisito que quienes postulen a un puesto de EIB deben demostrar el dominio de una o más lenguas originarias. Por ello, también solicitó incluir a un especialista bilingüe en los comités de contratación, con el fin de que se evalúe adecuadamente el dominio del idioma por parte de los aspirantes.

El funcionario sostuvo que, en años anteriores, la Defensoría del Pueblo detectó diversos problemas vinculados con la falta de publicación de las plazas vacantes referidas a la EIB; así como a la ausencia de la evaluación del dominio del idioma a los postulantes.

Asimismo, señaló que “estas deficiencias en el proceso de contratación han tenido como efecto la designación de docentes castellano-hablantes en plazas bilingües, lo cual ha generado una grave afectación del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes indígenas. Dicha situación debe ser corregida en el presente proceso de contratación, a fin de que los estudiantes indígenas cuenten con docentes especializados que hablen su idioma”.

Finalmente, Sánchez reiteró que la adecuada contratación de docentes garantizará que los niños, niñas y adolescentes indígenas cuenten con profesores lo suficientemente capacitados y con las habilidades requeridas para la realización de un adecuado proceso de aprendizaje en su lengua originaria(Quechua, Aymara, etc) y en castellano.

Fuente: Defensoría del Pueblo